Por Alfredo Lago
En esta tercera y última entrega, analizo cómo la falta de competitividad estructural del país incide en la crisis del sector arrocero y explico por qué el Estado tiene responsabilidad en su agravamiento. También planteo qué herramientas concretas puede adoptar el gobierno para mitigar este momento sin recurrir a subsidios directos.
Cerrando esta trilogía sobre la difícil situación que atraviesa el sector arrocero, que nos tiene “en jaque”, centraré esta columna en los factores endógenos relacionados con la incidencia y/o responsabilidad del Estado uruguayo en este adverso ciclo económico, y en las acciones de alcance gubernamental que, llevadas adelante, mitigarían la compleja y comprometedora realidad.
En las publicaciones anteriores expresé que el agravamiento de nuestra ecuación económica se debe a factores exógenos al productor y al país.
Ahora bien, el concepto de agravamiento, relacionado con esta crisis sectorial, no es una adjetivación casual; por ello, debe ser puesto en el contexto que corresponde y con el análisis debido.
¿El arroz uruguayo en jaque? Segunda parte: ¿Podemos hacer algo?
Los sectores exportadores y la institucionalidad arrocera uruguaya vienen alertando a los distintos gobiernos de turno sobre los problemas de falta de competitividad que afectan continuamente los resultados económicos sectoriales, situación que exige mucho más al exportador uruguayo a la hora de colocar sus productos en un comercio internacional siempre muy disputado, donde repasar ineficiencias propias del Uruguay es imposible.
Si el principal factor exógeno es benévolo —precio de exportación por encima del promedio—, estos mejores ingresos operan como encubridores de los mayores egresos de la actividad en nuestro país, devenidos de altos costos de producción a razón de variables internas que no dependen del productor, pero que sí son consecuencia de decisiones políticas propias del Uruguay.
La falta de competitividad de la economía uruguaya, que se prolonga en el tiempo por más de dos décadas y que se profundiza cada vez más, es la razón mayoritaria de tantos ciclos adversos del sector arrocero, lo que convierte esto en un problema endógeno estructural. Situación agravada en este momento desde lo exógeno por la abrupta caída de los valores de exportación —factor coyuntural— aunque, como describí en la columna #2, hay elementos que hacen pensar que será una coyuntura muy adversa, por lo profunda y prolongada en el tiempo.
Los problemas de competitividad no solo influyen en mayores costos productivos, también afectan el propio valor de nuestro producto, dado que los mayores gastos industriales al procesar el arroz en los molinos uruguayos son, en definitiva, descontados del ingreso del productor.
He definido la competitividad separándola en dos partes: una genuina y otra variable.
Como competitividad genuina, entiendo aquella derivada de acciones que el Estado propuso a través de políticas de alcance general —económicas, de obras, de inserción internacional, laborales, de educación, etc.— y que son básicamente de largo plazo. También la podemos entender como la competitividad estructural del país.
Servicios públicos
Hace un siglo el Estado entendió que debía ser actor principal como prestador de servicios, creando empresas públicas para ese fin, la mayoría monopólicas, situación que hasta hoy se mantiene. Puedo llegar a entender, inclusive aceptar, que a principios del siglo XX se tomara ese camino. Lo que no tiene justificación alguna es mantener el mismo régimen en pleno siglo XXI.
La actividad monopólica, sea estatal o privada, siempre es adversa para el consumidor: o bien es ineficiente, o bien es onerosa en la conformación de su tarifa; a veces ocurren ambas cosas.
Lamentablemente es así en Uruguay; por ello tenemos las tarifas más altas en comparación tanto con vecinos como con quienes competimos en el mercado mundial.
Entonces tenemos combustibles y energía eléctrica más caros, dos insumos principales en la estructura de costos del productor arrocero.
Desmonopolizar las empresas públicas es necesario.
En el gasoil se suma el aporte para el subsidio del transporte de pasajeros; solo el sector del arroz vierte más de 5 millones de dólares anuales. Esto debe ser corregido rápidamente.
Otro servicio público relevante es el puerto.
Tenemos un buen puerto, bien localizado, con buenas vías de acceso desde todo el país, con buen calado —siempre y cuando se lo profundice a 14 metros—, con terminal granelera y con muelles públicos que, en determinados momentos, prestan buen servicio. Pero todo esto queda minusvalorado cuando enfrentamos los valores de sus tarifas, también aquí mayores a los demás puertos que operan con arroz en la región. A esto se suman los factores de conflictividad laboral y la dependencia de la terminal de contenedores.
Necesitamos menores tarifas portuarias y mayor eficiencia de servicio.
Logística
Otro ítem de alto costo en Uruguay.
La conformación del valor del flete tiene básicamente cuatro componentes: la infraestructura vial, las regulaciones sobre el tipo de medio de transporte, los precios de la energía y, como en toda actividad, la competencia.
La vialidad en los últimos años ha pasado a ser buena a nivel nacional, pero en lo departamental deja mucho que desear; por ello estamos en un 75% de bondades. Hay que invertir en esta caminería para elevar su nivel.
Las regulaciones del sector transporte son muy atrasadas. Aun con camiones más avanzados tecnológicamente y más potentes, seguimos cargando lo mismo por unidad, inclusive con menos carga líquida. Me refiero a la falta de habilitaciones para camiones bi-trenes y/o tri-trenes para la carga de granos (recordar que el sector forestal sí los tiene). Urge su aplicación; el ministro Oddone se comprometió a efectivizarlas.
El alto valor del combustible incide en el costo del flete y también los camioneros aportan al fideicomiso del transporte de pasajeros.
La competencia en este sector está directamente relacionada con el transporte ferroviario. Aquí, de nuevo, solamente el sector forestal tiene una línea férrea de última generación para su utilización, por ahora en exclusividad. Cabe recordar que hasta 2018, año del último convoy con carga de arroz, era este cereal el mayor volumen transportado por AFE. Como medida, se debe recomponer la línea Montevideo–Río Branco.
Es menester manifestar que, para bajar los costos de transporte, también es necesario lograr menores tiempos de espera para carga y descarga. Alguna hora podrá depender del productor, pero la gran responsabilidad está en los acopios y en el puerto —ya mencionado— o en la frontera. La dinámica de los cruces de frontera, en nuestro caso con Brasil, incide negativamente en los precios de los fletes por el alto tiempo de espera en los pasos de los camiones con arroz que van al país norteño. Aquí hay trabajo de Cancillería y del Ministerio de Ganadería para mejorar el pasaje.
Inserción internacional
Nuestro país tiene como mayor posibilidad de crecimiento el hecho de producir bienes y servicios aprovechando las virtudes ambientales y destinarlos fuera de fronteras. Aunque resulte extraño, el Uruguay, la ciudadanía en general y buena parte de su institucionalidad no tienen esto suficientemente claro.
Para lograr la mejor inserción en el mundo debemos tener una economía abierta, con operadores privados serios, activos y productores que prioricen la excelencia en calidad e inocuidad.
Sobre apertura comercial no estamos en el tercio superior; ejemplos sobran: importaciones restrictivas y reguladas, cobro de tasa consular, alta burocracia, entre otros problemas.
En cuanto a aranceles —factor de gran penosidad cuando exportamos y debemos pagarlos en destino afectando nuestro precio— hay bastante por negociar. Pero resulta que Uruguay cobra muchos aranceles a sus importaciones, inclusive más de lo que pagamos los exportadores. Gran contradicción cuando exigimos que no nos cobren al vender.
Todo esto se encuadra en los acuerdos comerciales, fundamentales para incrementar el comercio internacional del país. La falta de ellos en Uruguay no es novedad para nadie.
En 2003 el gobierno de turno firmó el acuerdo de libre comercio con México. Para el sector arrocero, este tratado mitigó más de un ciclo adverso sectorial, siendo que en muchos años posteriores ese fue el principal destino de exportación de nuestro arroz; en el ejercicio 25/26 también lo es.
En esa línea, y como ya expresé en columna anterior, soy muy optimista con la puesta en práctica del acuerdo Mercosur–UE para mediados de este año.
Hay que intensificar este camino, tanto dentro del Mercosur como en solitario, al igual que lo realizado con la solicitud de ingreso al CPTPP.
Obras públicas
Como ya vimos en los temas logísticos, son de importancia las obras en vialidad. En esa línea, deseamos que se lleve adelante la construcción, de modo binacional, de otro puente sobre el río Yaguarón. Son importantes también mejoras en la infraestructura portuaria: podría ser el tan mentado puerto de aguas profundas en Rocha, otra terminal de contenedores, o bien la concreción de la Hidrovía de Las Lagunas para utilizar más eficientemente el Puerto de Río Grande, en Brasil.
Las obras públicas en infraestructura de riego están prometidas desde hace tiempo. Inclusive en la última campaña electoral se disputaban quién ofrecía más. Hasta ahora, nada. Una mayor oferta de agua para riego no solo aumenta la producción generando externalidades positivas en las regiones productoras, sino que también debería bajar el costo del riego al productor.
Relaciones laborales
Las nuevas tecnologías, en particular la IA, colocan grandes desafíos para las relaciones laborales y, sin miedo a equivocarme, Uruguay no está actuando en consecuencia, o por lo menos no lo está haciendo en la dirección que entiendo correcta.
El sector arrocero es un alto contratante de mano de obra, de los más significativos del medio rural (aun utilizando menos del 1% del territorio nacional como área de producción). Por ello genera mucha dependencia de las contrataciones de personal para llevar adelante las tareas agrícolas, mayormente relacionadas con el riego. Pero esto no debe ser un motivo de debilidad en la relación; sin embargo, la rigidez de las relaciones, en ocasiones, lo es.
En la faz industrial está la mayor contratación de mano de obra de la cadena arrocera. Allí se han generado importantes conflictos que afectan al productor.
La realidad impondrá que habrá menores contrataciones, consecuencia de la tecnología, pero también de la falta de competitividad, por ser más atractivo vender arroz sin industrializar en nuestro país.
Por todo esto, es necesario modernizar las relaciones laborales, a modo de flexibilizarlas, para que sea más descontracturante el vínculo entre trabajador y empleador.
Educación
No es novedad para ningún uruguayo que tenemos serios problemas de educación en el país, y en todos los niveles. Pero me centraré en primaria y secundaria.
La educación primaria pública en el interior del país, y particularmente la rural, es factor clave para todo el agro uruguayo. Las escuelas rurales de las regiones arroceras, en muchos casos, son las que siguen contando con un número viable de alumnos. Sin embargo, se debe repensar el modelo de escuela rural: centros educativos con dos o tres niños difícilmente puedan brindar una buena formación básica. Desde mi visión, la solución pasa por generar modalidades de transporte escolar adecuadas en el medio rural.
Es más eficiente que los niños concurran a centros de estudio mayores, más completos, más integradores y con más opciones de aprendizaje que la escuela rural con muy pocos alumnos.
En cuanto a la enseñanza secundaria, he sido crítico de la estructuración llevada adelante en los últimos 40 años. Muchas localidades del interior, de menor porte, cuentan con liceos donde lo lógico habría sido contar con centros de enseñanza técnica profesionalizante, con la UTU. Muy pocos adolescentes egresados de esos liceos siguen una carrera terciaria. Para la mayoría que no continúa estudios universitarios, lo ideal sería salir con una formación profesional de UTU, lo que los prepararía mejor para la inserción laboral.
También en el interior son muy escasas y poco ajustadas a la realidad local las opciones de capacitación para adultos, factor clave en la reconversión laboral.
La tan mencionada y necesaria reforma educativa, o el título que se le quiera dar, no se ve.
Podría seguir con más necesidades de acción sobre la competitividad genuina y/o estructural, porque mucho más se puede y se debería hacer para lograrla.
Competitividad variable
Pero a falta de lo anterior, una competitividad variable acorde es fundamental. De allí la importancia de esta en la conformación de los resultados económicos del sector.
Lo que defino como competitividad variable es lo relacionado con la tasa de cambio. Y en esto, tampoco estamos bien.
Llevamos varias décadas de búsqueda forzada de atrasar el tipo de cambio real, desde la famosa “tablita”, pasando por su estructuración profesional en la década del 90, hasta la utilización de todas las herramientas posibles por parte del BCU para lograr ese objetivo. Más allá de que pueda ser loable su cometido final —controlar la inflación— hacerlo de esta manera es sinónimo de no encarar el real motivo: el altísimo y endémico déficit fiscal del Uruguay.
Toda esta cuenta la pagan primariamente los sectores exportadores, principalmente los del agro. Pero, a la postre, ha estado condicionando el crecimiento económico del país. Basta ver los comparativos con otros países similares a Uruguay.
Es oportuno mencionar que las medidas del equipo económico de gobierno en enero pasado para amortiguar la caída a nivel local del valor del dólar —hecho que está ocurriendo en todo el mundo— son bienvenidas. Aunque, lamentablemente, se realizan tarde. Y no me refiero tarde tomando el 1 de marzo de 2025 como responsabilidad de este gobierno; viene de mucho más atrás. Acciones del gobierno anterior colocaron en ese momento un nivel del tipo de cambio muy bajo, totalmente desfasado del justo equilibrio.
Creo que la conformación del valor del dólar en Uruguay responde en un 75% a factores exógenos, pero no debemos incidir desde la política monetaria negativamente en el 25% que corresponde a factores endógenos, acto que sí se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
Como procuré describir, “infelizmente”, como dicen en Brasil, o “lastimosamente”, como lo hacen en Paraguay, ambos aspectos de la competitividad en Uruguay son adversos para el sector arrocero nacional.
Por tanto, a la primera pregunta del título, la respuesta es sí: el Estado está incidiendo también en esta crisis sectorial del sector arrocero.
Son varias las consecuencias negativas de este ciclo adverso: caída del área de cultivo, menor volumen de producción y, por ende, caída en las relaciones laborales, menor contratación de servicios, lo que lleva a menor peso sectorial en la economía nacional, entre otros impactos. Pero en la interna de los productores se traducirá en un incremento importante del nivel de endeudamiento, dado que toda pérdida en la ecuación económica primero es absorbida por las reservas con que pueda contar el productor, pero mayoritariamente será a través de la toma de endeudamiento.
En este punto es necesario contar con herramientas financieras acordes y dimensionadas para atender esta situación actual.
Recordemos que, por la propia estructuración del sector, más del 70% de los cultivadores son arrendatarios. Por ello no cuentan con grandes garantías para respaldar esa toma de endeudamiento por los carriles financiero-bancarios normales.
Se debe generar una garantía desde fuera del productor para poder tomar y estructurar en tiempo y forma estos créditos, tanto los de reperfilamiento de la deuda generada como también nuevos créditos para seguir en la actividad.
El Estado uruguayo, por el bien del sector, por el de todos los relacionamientos que este tiene, pero también por el bien de sus propias cuentas públicas, debe generar rápidamente instrumentos financieros eficientes para atender las pérdidas de esta crisis, entre otras cosas porque tiene responsabilidad en ella, como busqué describir.
Para finalizar y responder la segunda pregunta del título, por supuesto que sí: el gobierno uruguayo puede realizar acciones concretas para la mitigación de este difícil momento del sector arrocero, sin generar subsidios directos que recaigan en aportes de la ciudadanía, porque no corresponde. El sector no los necesita de forma estructural. Soy acérrimo defensor de esta posición y condeno a los tantos países que lo hacen, por más que sea una competencia desleal con los cultivadores de arroz del Uruguay.
Nos tenemos fe, somos eficientes y no dejaremos de jugar esta partida hasta evadir el “jaque” en el que nos encontramos.
