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Aunque el sindicato levantó el paro total, la guardia gremial que se mantiene en la terminal de contenedores opera con un rendimiento mínimo que, según la empresa, sigue generando pérdidas y podría derivar en un reclamo judicial.

El conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP) no se resuelve con la sola suspensión del paro total. Según el comunicado de la empresa de este lunes, el sindicato TCP-Nelsury resolvió mantener, además del paro, la denominada "guardia gremial" por tiempo indeterminado, sin fecha ni horario definido para el retorno a la actividad normal. Esa guardia, definida unilateralmente por el sindicato, es la que sigue distorsionando la operativa de comercio exterior, aun sin tratarse de una paralización total.

Según describió TCP, la guardia mínima actualmente vigente permite trabajar un buque con un solo equipo asignado a la grúa, lo que arroja un rendimiento de apenas entre 8 y 10 contenedores por hora, muy por debajo de la capacidad habitual de la terminal.

 A eso se suma que se asignó un único equipo a la playa de contenedores llenos y ningún trabajador a la playa de vacíos, lo que impide el ingreso y retiro de contenedores vacíos, un movimiento clave para exportadores e importadores que necesitan liberar o reponer unidades.

Para la empresa, esa combinación configura una "operativa limitada" que continúa generando "importantes daños y perjuicios" no solo a TCP, sino también a sus clientes, a los usuarios del puerto y a toda la cadena logística.

El comunicado remarcó que "una guardia mínima de estas características no garantiza la adecuada continuidad de los servicios portuarios", en momentos en que el conflicto por la negociación de un nuevo convenio colectivo, que se extiende desde el 31 de mayo, ya acumula más de 30 días de paralizaciones en el año.

TCP ya evalúa ir a la Justicia

Frente a esta situación, TCP fue un paso más allá de sus comunicados anteriores: anunció explícitamente que analizará "las acciones legales que correspondan para determinar responsabilidades por los perjuicios ocasionados como consecuencia de medidas deliberadas que han afectado la operativa de la terminal".

Es decir, la empresa no descarta llevar el conflicto a la Justicia para reclamar por los daños económicos derivados tanto de los paros como del funcionamiento con guardias mínimas, más allá del desenlace que tenga la negociación del convenio colectivo.

Pese a esta amenaza, y pese a que el sindicato comunicó una aceptación condicionada de la última propuesta empresarial, TCP resolvió no presentar por el momento una solicitud de declaración de esencialidad, aunque ratificó que adoptará "por vía administrativa las medidas necesarias" si las circunstancias lo requieren.

La postura del gobierno sobre la esencialidad

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, sostuvo este lunes a la prensa que "el puerto no está en conflicto" y que el problema es puntual con TCP, empresa de la que la belga Katoen Natie es accionista mayoritaria.

Explicó que Uruguay no tiene legislación propia sobre esencialidad y que, según la normativa de la OIT, ese concepto se vincula a la seguridad, la salud y la vida, no de forma directa a un conflicto o huelga en la actividad portuaria.

Remarcó que el gobierno "nunca" se negó a considerarla, pero que es la propia empresa la que "nunca lo ha colocado" como pedido, y que la decisión final corresponde al presidente o al Consejo de Ministros.

En la misma línea, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que "el puerto de Montevideo no está parado ni estuvo parado en todo este tiempo" y que el conflicto es puntual "entre un sindicato y una empresa privada que tiene la terminal de contenedores", mientras el resto de las actividades portuarias funciona con normalidad. Sánchez se mostró optimista y dijo que se está "avanzando" en un acuerdo con "altas posibilidades" de concretarse en el corto plazo.

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