Fricasa (Frigorífico Casa Blanca) están en pleno proceso de acelere de su producción industrial, tras operar algunas semanas a un mínimo. Según dijo ayer a Informe Tardáguila su gerente general, Carlos Fuidio, se reintegraron 70 trabajadores del seguro de paro y seguramente se tomen otros 12 en los próximos días. La semana pasada se faenaron 400 animales, y para la presente se prevé llegar a 500 animales. “Mientras tanto, se siguen buscando alternativas para la faena de ovinos”, comentó.
Casa Blanca se encuentra actualmente bajo un proceso de concurso voluntario de acreedores, iniciado a solicitud de la propia empresa y gestionado por la Justicia. En el procedimiento a seguir en este tipo de casos, ya se ha designado una interventora, una contadora, que será la encargada de coadministrar la empresa junto a sus autoridades. La Liga de Defensa Comercial, a través de su gerente, el Dr. Fernando Cabrera, si bien no participa como interventora ni síndico en este caso, sí representa a algunos acreedores de Casa Blanca, como ocurre también con firmas como Conexión Ganadera y República Ganadera.
La decisión de designar un interventor en el caso de Casa Blanca se basó en la información contable presentada por la empresa al solicitar el concurso, la cual sugería que los activos superaban a los pasivos, es decir, que la empresa era solvente al momento de la solicitud inicial.
El contador del juzgado analiza esta documentación y asesora al juez. El Dr. Fernando Cabrera explicó que, a diferencia de un síndico que desplaza a las autoridades de la empresa, el interventor comparte la responsabilidad de las decisiones fundamentales, como comprar, pagar o rescindir contratos. No obstante, esta figura puede cambiar si el administrador concursal posterior detecta que la situación financiera es menos favorable de lo inicialmente declarado, pudiendo pasar a ser síndico si se verifica que los pasivos superan a los activos.
En este contexto de concurso voluntario, el Frigorífico Casa Blanca puede continuar operando y comprando ganado. La ley busca precisamente la continuidad de la empresa. Los créditos que se generan después de decretado el concurso tienen una prioridad de pago sobre los anteriores, lo que significa que la compra de ganado posterior al decreto podría pagarse antes que las deudas previas. Respecto al manejo financiero, lo habitual es que la cuenta bancaria de la empresa quede sujeta a doble firma: la de la dirección de la empresa y la del interventor, para asegurar el control de los movimientos. Aunque se pueden seguir usando las cuentas existentes bajo este control, en la práctica, podría decidirse abrir una nueva cuenta, dependiendo del caso concreto.
Uno de los efectos inmediatos del decreto de concurso es que, en general, los embargos anteriores pierden su valor, y solo el juzgado del concurso puede resolver sobre ellos. "A partir de ese momento, solo el juzgado del concurso puede resolver sobre los embargos". Todos los acreedores, hayan o no trabado embargos, pasan a estar en igualdad de condiciones, salvo que posean garantías especiales. El embargo previo puede tener cierta incidencia en la verificación del crédito, pero su efecto es evaluado posteriormente.
El proceso concursal lleva tiempo, y la citación a los acreedores de Casa Blanca está prevista para el 25 de octubre, aproximadamente seis meses después, del inicio del proceso. En este sentido Cabrera explicó que la ley establece un plazo máximo de 180 días para que el juez fije la junta de acreedores tras el decreto inicial del concurso. Además, los acreedores tienen un plazo de 60 días para solicitar la verificación de sus créditos, con costos reducidos si se presentan dentro de este período.
