Luego de haber superado los principales obstáculos políticos tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo UE–Mercosur enfrenta ahora una demora adicional que complica su entrada en vigor.
El Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, una decisión que suspende el proceso de aprobación parlamentaria que estaba previsto para los próximos meses.
La votación fue extremadamente ajustada (334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) y reflejó la fuerte división política que genera el acuerdo dentro de Europa. Los eurodiputados que impulsaron la remisión cuestionan la estrategia de la Comisión Europea de separar el componente comercial del acuerdo, lo que habría limitado la participación de los parlamentos nacionales, y también ponen bajo la lupa el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que habilitaría represalias del Mercosur ante futuras normas europeas.
Desde el punto de vista práctico, la derivación judicial tiene una consecuencia clara: el fallo podría demorar más de un año, durante el cual la ratificación quedará congelada. En los hechos, esto aleja cualquier posibilidad de aplicación en el corto plazo y refuerza la idea de que el acuerdo difícilmente comience a regir antes de 2027.
Si bien la Comisión aún podría avanzar con una aplicación provisional, hacerlo implicaría tensiones institucionales y no parece un camino sencillo en el actual contexto político europeo.
Fuente: Euronews
